42 % de los casos de violencia sexual suceden en los hogares y solo 2 % de los procesos concluyeron con sentencia

Los hogares son los espacios con mayor incidencia de violencia física y sexual hacia mujeres y menores en Bolivia, según cinco estudios presentados este viernes por distintas organizaciones que piden una reforma judicial y un trabajo integral en la sociedad para cambiar la percepción sobre estos hechos.

En el evento ‘Que la verdad nos mueva’, desarrollado en La Paz, se difundieron investigaciones impulsadas por diversas instituciones en los últimos años, con datos que revelan “las múltiples dimensiones de la violencia sexual” en esa población.

La coordinadora del Instituto de Investigaciones de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana (IICC-UCB), Marcela Losantos, dijo a EFE que el evento busca “desmitificar el hecho de que no hay evidencias" científicas sobre esta problemática.

Losantos mencionó que ahora se espera que toda la información “caiga en las manos correctas” para generar una “reforma legal” y fortalecer el sistema de protección a las víctimas, al mismo tiempo que se trabaja en transformar las conductas sociales que han normalizado la aceptación de la violencia.

Una de las investigaciones concluyó que “el 42 % de los casos de violencia sexual suceden en los hogares”, por lo que es necesario “desmitificar” que las familias conforman un “entorno de protección” y trabajar en esa esfera de forma preventiva.

Asimismo, se señala que algunas dinámicas de “encubrimiento” familiar parten de la creencia de que los niños pueden “inventar” que fueron agredidos sexualmente o de que los adolescentes son responsables o propensos a sufrir abusos por tener “comportamientos seductores”.

Un segundo estudio sobre violencia sexual digital establece que el 16,4 % de los adolescentes consultados, entre 13 y 17 años, “recibió mensajes, fotos o videos sexuales sin consentimiento” por parte de agresores o “amigos” en línea mayores que ellos.

La siguiente investigación indagó sobre las normas sociales que legitiman la violencia hacia menores y mujeres, como considerar que las víctimas son responsables por no poner límites, que estos son problemas que se resuelven en familia, la resistencia a la educación sexual o la aceptación de uniones forzadas entre víctima y agresor como forma de “reparación”.

Otro estudio examinó la eficiencia de la vía judicial para la atención de casos de violencia sexual, mediante la revisión de 341 cuadernos judiciales, en los que solo algo más del 2 % de los procesos concluyeron con una sentencia ejecutoriada contra el agresor.

En estos casos también se evidencian problemas estructurales en la Justicia, como la falta de personal, la carga excesiva de trabajo y la ausencia de un sistema de monitoreo que permita reportar el avance de los procesos judiciales.

Finalmente, un quinto estudio abordó la generación de prioridad política para enfrentar la violencia sexual y reflexionó sobre los factores que “perpetúan el silencio y frenan una respuesta sostenida”, como el “adultocentrismo”, la “privatización del problema” y la “desconfianza institucional”.

Al respecto, el representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Pablo Salazar, mencionó a EFE que un tema central es “conseguir que suban las denuncias” en casos de violencia sexual, en lugar de que queden en el anonimato.

Señaló que, para lograrlo, se debe apuntar a “aumentar la probabilidad de que los perpetradores sean castigados”, junto con el fortalecimiento de los “mecanismos de protección” hacia las víctimas.

En la presentación de los estudios colaboraron Save the Children, Misión Internacional de Justicia (IJM, en inglés), la Universidad Johns Hopkins, la Agencia de Cooperación de Corea (Koica), el UNFPA y el IICC-UCB

FUENTE: EL DEBER