Viceministro evita responder por arroz de mala calidad importado por el Gobierno

Insumos Bolivia alerta sobre un lote de 700 toneladas de arroz argentino que presenta fallas de calidad y signos de posible contaminación. No puede ser distribuido ni vendido.

Gobierno enfrenta escándalo por arroz importado sin calidad y millonaria pérdida pública

El Gobierno de Bolivia enfrenta una seria controversia por la importación de 700 toneladas de arroz desde Argentina que no cumplen con los estándares técnicos de calidad, según reveló la directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández. El producto, por el cual ya se desembolsaron Bs 63 millones, no puede ser distribuido ni entregado a Emapa debido a presuntos signos de contaminación y alteraciones en la documentación sanitaria.

Viceministro elude respuesta sobre el caso

Consultado por la prensa, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, evitó pronunciarse. "Estamos sobre hora", respondió, sugiriendo que las preguntas se deriven al Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que ha generado mayores cuestionamientos sobre la transparencia y manejo del caso.

Certificados sanitarios alterados y millonario riesgo económico

Fernández detalló que los certificados sanitarios del SENASAG argentino presentan indicios de falsificación, lo que impidió incluso que Insumos Bolivia active la póliza de garantía. A pesar de que el lote está inutilizable, existe una orden judicial que impide recuperar el dinero anticipado, mientras la empresa proveedora ha contrademandado para frenar el cobro.

El arroz sigue almacenado sin uso ni destino

Las 700 toneladas de arroz argentino permanecen sin distribución en almacenes estatales. No pueden ser vendidos ni integrados al mercado nacional, debido a los defectos de calidad. El Gobierno busca mecanismos legales para recuperar los Bs 63 millones perdidos en este proceso fallido, pero las trabas judiciales complican la recuperación inmediata.

Reclamos y silencio oficial ante el escándalo

Organizaciones agrícolas y analistas han comenzado a exigir una auditoría y una investigación a fondo sobre las responsabilidades en esta importación. Hasta ahora, ningún funcionario ha asumido responsabilidad directa, y el silencio de las autoridades alimenta la desconfianza pública.
FUENTE: UNITEL