Tarifas de electricidad y agua generan polémica por nuevos ajustes y reclamos ciudadanos

El Decreto Supremo 5647, que modifica el mecanismo de actualización de las tarifas eléctricas, y las denuncias sobre incrementos en las facturas de agua potable reavivaron el debate nacional sobre el costo de los servicios básicos. Mientras el Gobierno asegura que no existe un incremento generalizado y que las medidas buscan garantizar la sostenibilidad de los sistemas, organizaciones sociales, dirigentes vecinales y legisladores expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener en la economía de las familias.

La nueva norma eleva del 3% al 5% el límite máximo permitido para las variaciones mensuales de las tarifas eléctricas aplicadas a los consumidores regulados. El Ministerio de Energías explicó que el decreto no implica un aumento automático, sino que brinda un mayor margen para ajustar las tarifas en función de las variaciones de los costos operativos del sistema eléctrico. Según el Ejecutivo, la medida busca preservar la estabilidad financiera de las empresas distribuidoras y garantizar la continuidad del servicio.

En Tarija, el anuncio generó rechazo entre las juntas vecinales. El exvicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Cristian Ventura, informó que el Distrito 9 aprobó un voto resolutivo en contra de cualquier incremento tarifario que pudiera surgir del nuevo estudio que realiza Servicios Eléctricos de Tarija (Setar). El dirigente cuestionó la falta de socialización del estudio y pidió que se consideren variables sociales como el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo al momento de definir las nuevas tarifas. Asimismo, el dirigente de la Fedjuve, Rodrigo Castillo, anunció que solicitarán a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) una explicación sobre el alcance del incremento permitido por el nuevo decreto.

La discusión también alcanzó al servicio de agua potable. Vecinos de distintas ciudades denunciaron aumentos en sus facturas, mientras que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) aclaró que no autorizó ningún incremento tarifario y que ninguna Empresa Prestadora de Servicios de Agua (EPSA) cuenta con permiso para elevar el costo del servicio. La aclaración generó dudas sobre las explicaciones brindadas previamente por la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), que había señalado que sus nuevas tarifas contaban con la aprobación del ente regulador.

Desde la Asamblea Legislativa también surgieron cuestionamientos. La diputada Claudia Herbas anunció una petición de informe para conocer la evolución de las tarifas de agua y electricidad, al considerar que el nuevo decreto amplía el margen para futuros incrementos. En Cochabamba, el vocero de la Gobernación, Sergio de la Zerda, pidió mayor claridad sobre los efectos de las nuevas disposiciones y sobre el impacto que la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y el alza del dólar podrían tener en el costo de los servicios y en los proyectos de agua potable y riego.