Sectores piden derogar leyes y los aliados del Gobierno se declaran en emergencia

Arce se reunió anoche con el Pacto de Unidad y la COB para marcar distancia con los sectores que anuncian movilizaciones contra la ley 1386. Por la mañana denunciaron intento de magnicidio. Para los opositores es una “cortina de humo”

La semana comenzó con anuncios de más conflictos por parte de los sectores que exigen que el Gobierno deje sin efecto la Ley de Estrategias Contra las Ganancias Ilícitas. Sin embargo, esta vez el Ejecutivo no cederá, como lo hizo la semana pasada con el retiro del proyecto de ley 218, anticipó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al inicio de la jornada.

Por la noche, el presidente Luis Arce se reunió con la plana mayor de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de Unidad, el grupo de organizaciones que respalda al MAS, para marcar distancias con los sectores que anticipan movilizaciones contra la Ley 1386 que dio vida a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas a la que califican de “anticonstitucional”. Tras la reunión, los aliados del Gobierno se declararon en “estado de emergencia” y respaldaron a Arce frente afanes “desestabilizadores” de sectores opositores, “especialmente de Santa Cruz”.

Flora Aguilar, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, leyó un pronunciamiento e informó que evaluaron el primer año de “la recuperación de la democracia” a propósito del aniversario del 55,10% con el que Arce llegó al poder en 2020.

“Resolvemos mantener y forjar aún más la unidad del pueblo boliviano en torno al gobierno conformado por Lucho y David (Choquehuanca)”, señala el documento que se presentó en la Casa Grande del Pueblo.

En segundo lugar, estas organizaciones definieron garantizar el trabajo estatal, productivo e industrial para el desarrollo del país. Reconocieron y valoraron “la reconstrucción de la estabilidad económica, política y social, que demuestra un verdadero cambio y mejora en la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos después de sufrir un golpe de estado destructor y saqueador”. Por lo tanto, las organizaciones ratificaron la declaración de “estado de emergencia ante cualquier intento desestabilizador”.

El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que “hay intentos de desestabilización desde Santa Cruz”. “Estamos alerta ante cualquier intento de arriesgar el proceso y a la democracia. El pueblo le dice basta a los actos de racismo, discriminación y de desestabilización”, apostilló.

Para cerrar, Arce agradeció el apoyo que le ratificó este lunes la COB, el Pacto de Unidad, “y quienes nos han elegido para recuperar la democracia”. Adicionalmente, reiteró el compromiso de seguir avanzando en la reconstrucción de la economía para eliminar el desempleo y que los microproductores generen riqueza en un ambiente de paz. Señaló que en la reunión ratificaron su apoyo y están en desacuerdo con la desestabilización. “Estamos unidos, quienes enfrentamos un gobierno golpista y ahora en democracia reconstruimos nuestra economía”, remarcó la autoridad y advirtió que “nadie puede hablar en nombre de las organizaciones” con las que se reunió.

La pasada semana, varios sectores sociales y productivos, incluso cercanos al MAS, demandaron que se retire el proyecto de ley 218 de su tratamiento en el Senado. La presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Virginia Velasco, señaló que hasta ayer no había llegado la nota del Ejecutivo para que se retire formalmente la propuesta legal que ya había sido aprobada en Diputados, pese a las observaciones.

Por la mañana, otros sectores sociales cerraron filas para apoyar a Arce tras una denuncia sobre las amenazas contra su vida. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que hubo un plan para matar al jefe de Estado, el día que asumió funciones. Apuntó a “sicarios” presuntamente contratados por Luis Fernando López, el ministro de Defensa de la gestión de Jeanine Áñez.

La declaración de la autoridad responsable de la seguridad interna del país se dio en momentos en que el Ejecutivo enfrenta tensiones por reclamos de varios sectores, entre ellos gremialistas, transportistas y cooperativistas mineros, que insisten en derogar la Ley 1386, vigente desde agosto.

“No tenemos miedo, hermanas, hermanos”, aseguró el mandatario durante un evento celebrado en el coliseo Julio Borelli, de La Paz.

Poco antes de ese evento, la ministra Prada aseguró que hay un plan para desestabilizar al Gobierno, incluso para “acabar con el Estado Plurinacional y la Constitución”. Fue una postura distinta a la que había asumido durante el fin de semana el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que destacó la necesidad de dialogar respecto a estos reclamos.

“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión. Lo correcto es dialogar y evaluar las propuestas y las observaciones. Esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana”, dijo.

El sector gremial definió un cronograma de movilizaciones desde el jueves 21 de octubre y empezó a articularse con otros sectores que también se sienten perjudicados con la Ley 1386 y su anexo. De esta forma, los transportistas, panificadores, mineros cooperativistas, magisterio, Fejuve-Cochabamba e incluso Adepcoca, iniciaron contactos previos para protestar.

“Los cuentapropistas se van a plegar, los cocaleros afirmaron que se sienten en peligro con esta ley, entonces van a apoyar las movilizaciones en La Paz”, declaró el máximo dirigente de los gremiales de Cochabamba, César Gonzales.

La Ley 1386 instruye a la UIF firmar convenios con entidades para ubicar a sujetos obligados. La norma requiere de dos decretos reglamentarios, los mismos que debían ser promulgados 60 días después de la vigencia de la ley. Uno de ellos tiene que ver con los mecanismos de control de capitales que debería ejecutar la Aduana Nacional sobre la base de este nuevo cuerpo legal.

Además, dirigentes de la Confederación de Cooperativas de Bolivia expresaron su preocupación por la vigencia de la Ley 1386. El vicepresidente de esa organización, Braulio Arguedas, dijo que esta norma puede activar una “mano dura” que el Gobierno pretendía aplicar con el proyecto 218, que el Ejecutivo anunció retirar para evitar conflictos. “El movimiento cooperativo se reunirá este jueves en La Paz en una asamblea general extraordinaria y ahí haremos conocer nuestra postura final, aunque la tendencia es que se pida la abrogatoria de la 1386 que es la ley madre”.

Ayer se movilizaron los dirigentes de Adepcoca por el centro de La Paz. La representante de este sector, Tomasa Medina, afirmó que no quieren que el Gobierno acepte la instalación de otro mercado cocalero como el que inauguró el dirigente Arnold Alanes “vulnerando todas las normas”.

Ante la protesta, decenas de policías cerraron los accesos a la Plaza Murillo, donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo.

Desde el plano político, los opositores rechazaron las acusaciones del Gobierno sobre las denuncias del supuesto magnicidio. Creen que se intenta crear “una cortina de humo” para evadir responsabilidades. “Es un elemento más tratando de crear un caso de supuesto terrorismo, golpe de Estado, buscando aspectos y factores para inculpar a los líderes actuales”, declaró la senadora Centa Rek, de la alianza Creemos, la fuerza política del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

De hecho, la autoridad regional calificó de “irresponsable” la denuncia del ministro Castillo. “Si él tiene alguna denuncia, se debería haber hecho de manera formal, no con estos comunicados a la población, que solo buscan alarmar. Son denuncias irresponsables”, cuestionó el Gobernador.

Por la tarde, Creemos aprobó un pronunciamiento de rechazo a la gestión política de Arce. “El documento sentenció que es un “presidente sitiado por Evo Morales”. Que “su gabinete, así como el Ministerio de Justicia responden a su antiguo dueño, y él es solo un títere” en el entendido de cerrar el caso fraude electoral, “basados en argumentos artificiosos de jueces y magistrados serviles y corruptos y de un procurador que alejado de su rubro hace el ridículo”.

Franco Gamboa, sociólogo y especialista en gestión pública, señaló que el Gobierno cometió varios errores por haberse inclinado más al lado partidario, “que es dominado por el líder del MAS Evo Morales” que al cumplimento de su propia agenda “que era la reconciliación” del país “luego de la crisis política de 2019”.

Fuente: EL DEBER