Santa Cruz elabora iniciativas aisladas para la reforma judicial

Diferentes instituciones como el Colegio de Abogados y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAGRM las hicieron conocer. Juristas independientes de La Paz y Cochabamba tienen sus propuestas concretas

Las iniciativas que tienen instituciones y personalidades vinculadas al derecho en el departamento de Santa Cruz con relación a la reforma judicial en Bolivia se encuentran aisladas, en tanto que juristas independientes de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca han podido concretar, en conjunto, una sola propuesta para cambiar la justicia que se encuentra en proceso de socialización con diversas instituciones, como el Comité Cívico de Cochabamba o las tres bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional: el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos.

En tanto, el Colegio de Abogados de Santa Cruz (Icacruz) cuenta con un proyecto de reforma a la ley de la abogacía en la que se plantea la desaparición de la escuela de jueces y fiscales porque, según los impulsores de proyecto, estas dos instituciones se han convertido en instrumentos políticos para la toma política del poder judicial.

El presidente de Icacruz, Julio Égüez, afirmó que la reforma que están planteando devuelve la exclusividad a los colegios departamentales de abogados el registro obligatorio de los juristas y la fiscalización del ejercicio de la profesión de la abogacía a través de los tribunales de honor. Este proyecto, señaló el titular de Icacruz, aún está en proceso por lo que en algunas semanas será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Consideramos que el problema de la justicia no pasa por la elección de magistrados, sino que va por la elección de jueces, la baja rigurosidad académica en las diferentes facultades de derecho y los colegios de juristas donde se está fabricando un producto de muy mala calidad porque en dos años los forman como jueces, volviéndolos un peligro para la sociedad”.

A su vez, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se propone una renovación jerárquica en el funcionamiento y selección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, no a través de elecciones sino por el camino de la meritocracia.

Por ello, uno de los ejes principales de este proyecto es la forma por la cual serán designadas las nuevas autoridades de justicia, que tienen que ser impulsadas por las diferentes universidades públicas y privadas bolivianas, colegios departamentales de abogados e instituciones cívicas.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Uagrm, Alfonso Coca, señaló que con esta propuesta de selección de autoridades judiciales se tiene como objetivo terminar con la injerencia política que, según él, es una de las razones por las cuales la justicia en Bolivia se encuentra dañada.

“Los nuevos magistrados tienen que mantener el principio de la independencia (de poderes) respondiendo solamente a la Constitución, las leyes y a su conciencia. Luego de reformar la jerarquía de los tribunales se tienen que hacer cambios paulatinos en los tribunales departamentales y los jueces a través de concurso de méritos y exámenes de competencia”.

Acotó que para que se puedan concretar estas modificaciones es necesario reformar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE). Este es un punto observado por otras instituciones y organizaciones políticas porque existe el riesgo que el partido de gobierno, el MAS, aproveche esta situación e incorpore otro tipo de modificaciones a la carta magna.

Abogados independientes

A su vez, el abogado constitucionalista cruceño William Herrera y el exfiscal de distrito de Santa Cruz Francisco Borenstein plantean, como uno de sus ejes dentro de su propuesta aumentar el presupuesto al poder judicial porque actualmente el mismo no llega ni al 0,5% del Presupuesto General, una cifra baja, comparada con la media latinoamericana que llega a posicionarse entre el 2% y el 6%.

Herrera sostuvo que la asignación de estos recursos es algo concreto que ya se podría haber realizado sin necesidad de leyes ni reformas a la Carta Magna. Solo con esa medida, a decir el constitucionalista, el poder judicial “podría aumentar la cantidad de jueces en el país, además de mejorar la tecnología”.

Agregó que se tienen que realizar un gran acuerdo político para que la Asamblea Legislativa Plurinacional invite a personalidades con las cuales se puedan conformar las instancias judiciales y someter los postulantes a un referéndum, lo que equivaldría a una elección siendo esta vía la forma de seleccionar autoridades judiciales representativas, idóneas y meritorias, destacó Herrera. 

El constitucionalista y docente universitario no descarta la “gran reforma” que se tiene que hacer para modificar la forma de designación de las autoridades judiciales. “Si no se hace algún acuerdo político y se busca el medio para designar por consenso a los miembros de las altas cortes, lamentablemente vamos a continuar con las autoridades (judiciales) del MAS y eso no nos garantiza ninguna reforma a futuro”, dijo Herrera.

Otro de los juristas cruceños que tiene su propuesta es el exprocurador José María Cabrera. Resaltó que para la selección de magistrados se deben mantener el sufragio y la preselección de candidatos en la ALP, pero estos deberán alcanzar una mayoría en la votación de las tres fuerzas con presencia política en el hemiciclo.

Luego de seleccionar a los candidatos, éstos deben ser evaluados e interrogados en audiencias públicas por los mismos parlamentarios. Por último, cuando la mayoría de los candidatos resulten depurados, estos pasan a un referéndum ratificatorio que servirá para confirmados o rechazar a las nuevas autoridades judiciales que han sido seleccionadas.

Institución cívica

Desde el Comité pro Santa Cruz señalaron que son conscientes de que el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, son los órganos que están llamados a dar garantías a la población boliviana, pero no lo hacen y por ellos es que necesitan una reforma estructural en el sistema judicial.

El primer vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, explicó que estos cambios significan impulsar una verdadera independencia de poderes y que para la elección de las nuevas autoridades judiciales exista la meritocracia y se deje de lado el prebendalismo. “La designación de autoridades debe darse de acuerdo al mérito académico y la experiencia profesional, no en base al partido político que están afiliados”, dijo el cívico.

Agregó que la institución trabaja para que se produzca una selección adecuada de candidatos para el Órgano Judicial y no buscan entrar con una propuesta concreta.

Por otro lado, el abogado y analista Daniel Valverde considera  que el aislamiento de estas iniciativas es porque aún la propuesta para una reforma judicial se encuentra en la etapa de deliberación, y por ello es que se está dando el surgimiento de los proyectos.

“En algún momento se va a cotejar cuáles son las propuestas y las qué tienen más peso para después ver si se opta por la vía constitucional, a través de un referéndum que permita cambiar las reglas de preselección y selección de los magistrados, o calculando que no se tenga el tiempo suficiente porque las elecciones para magistrados son el próximo año, se va a optar por un camino distinto”, explicó el analista.

La propuesta de reforma judicial vía referéndum popular tiene previsto en las próximas semanas iniciar la recolección de 1,4 millón de firmas para impulsar una consulta constitucional para introducir cambios en la administración de la justica. Esta iniciativa es impulsada por juristas independientes de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, entre los cuales destacan: el exalcalde de La Paz Juan Del Granado y los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) José Antonio Rivera y Gualberto Cusi, entre otros.

Del Granado conversó con EL DEBER sobre esta propuesta que fue formulada y presentada a finales del año pasado, y destacó que pese a algunos inconvenientes como el covid-19 se ha teniendo una buena difusión de la misma en estos dos meses y medio del 2022.

“También hemos avanzando en este proceso de concertación y consenso de la propuesta con varios sectores de la comunidad, incluidos otros colegas abogados de distintos puntos del país, por lo que esperamos que este momento de socialización y consensos culmine en un par de meses”, explicó el exburgomaestre paceño.