MAS y sectores miden fuerzas en las calles por leyes y persecución

Piquete de huelga de los gremiales, en Cochabamba. | Daniel James

El Gobierno y sectores que se oponen al polémico “paquete” de leyes que buscan mayor control sobre la ciudadanía medirán fuerzas hoy y mañana con paros y movilizaciones en todo el país.

Para hoy, al menos 12 sectores ratificaron las medidas de presión en rechazo a la ley de lucha contra las ganancias ilícitas, la ley de estadísticas nacionales, entre otras, que consideran vulneratorias de los derechos. Además, exigen frenar la persecución política.

El MAS, en tanto, aseveró que se trata de un nuevo “golpe de Estado” y movilizó todo el aparato estatal buscando quitar fuerza a las medidas de presión. El oficialismo movilizará a sus bases mañana martes en el denominado “wiphalazo”.

El dirigente de los gremiales, César Gonzales, desde su piquete de huelga en Cochabamba, aseveró que el paro será escalonado si es que el Gobierno no anula la ley, que actualmente se encuentra congelada en el Senado. “Mañana (por hoy) cumplimos paro de 24 horas.

Si no nos escuchan, vamos al paro de 72 horas y luego indefinido”, aseveró.

Para esta jornada se tiene previsto instalar un segundo piquete de huelga en Cochabamba y otro en La Paz.

El dirigente de los gremiales paceños, Francisco Figueroa, ratificó la medida de presión y adelantó que habrá marchas en las nueve ciudades capitales y El Alto.

Los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Potosí se sumaron al paro, aunque el Comité de Beni dio un paso atrás, debido a que esta medida de presión afectará los bolsillos ya golpeados de la población.

Partidos políticos y plataformas ciudadanas, además del Colegio Médico de Bolivia y el transporte pesado del oriente del país también acatarán.

El dirigente cívico cruceño, Rómulo Calvo, a tiempo de ratificar la medida, criticó al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por no apoyar de frente el paro.

“Lamentamos que algunas autoridades, que son producto de la lucha democrática, vendan sus principios y trancen con el MAS, traicionando a un pueblo valiente que defendió la democracia, como nuestros hermanos de la ciudad de Cochabamba”, escribió en Twitter.

La Alcaldía de Cochabamba cerrará sus puertas a pedido de los sindicatos y no apoyará el paro formalmente.

El Comité de Defensa de la Democracia (Conade), a tiempo de festejar los 39 años de vigencia de la democracia, ratificó el paro y señaló que las protestas serán pacíficas.

En Cochabamba, Lizeth Beramendi, miembro del Conade, aseveró que la medida de presión busca frenar el paquete de leyes que tiene por objetivo vulnerar los derechos ciudadanos a la libertad y la propiedad.

A estas críticas se sumó la Asociación nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que rechazó las leyes antiganancias y de estadísticas porque vulneran el secreto de imprenta.

La marcha indígena, que llegó en pasadas semanas a Santa Cruz, también afirmó que se sumará a las protestas.

El cacique Marcial Fabricano aseguró que su sector participará de esa movilización, en contra de las acciones que lleva adelante el Gobierno.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, convocó a los paceños a acatar de manera libre y pacífica el paro cívico nacional y exigió al Gobierno garantías para el ejercicio del derecho a la protesta de este lunes.

FEDERADOS SE REPLEGARÁN

El transporte federado de Cochabamba no emitió un comunicado oficial a la prensa, pero hizo circular entre sus afiliados un documento señalando que el sector rechaza la ley de legitimación de ganancias ilícitas, pero que no se sumará al paro, aunque sí replegará sus movilidades para evitar riesgos para la seguridad de sus miembros.

José Orellana, principal dirigente del sector, no contestó las llamadas de Los Tiempos, pero un dirigente cercano aseveró que, si hay varios puntos de bloqueo, los transportistas replegarán sus movilidades hasta que sea posible trabajar.

Anoche, un grupo de la RJC y vecinos instalaron cerca de la medianoche el primer punto de bloqueo cerca a la plaza Cala Cala, en la zona norte.

CC: LEYES DAN MÁS PODER AL GOBIERNO

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena advirtió que las leyes contra ganancias ilícitas y de estadísticas oficiales otorgan al Gobierno todos los poderes para meterse a la vida de las personas; mientras el senador del MAS Félix Ajpi afirmó que no existe perversidad en ambas leyes y que responden al mandato del 55,10 por ciento de los bolivianos que votaron en las recientes elecciones generales. Requena explicó que ambas leyes facultan al Gobierno a acceder a datos de información personal, sin asumir ninguna responsabilidad, si es que los funcionarios cometieran algún abuso.

MAS ACTIVA A MILITANTES Y FUNCIONARIOS ANTE PARO

REDACCION CENTRAL

El paro de los gremiales y los cívicos es totalmente rechazado por el Gobierno y sectores afines. Tanto así, que la Dirección Departamental de La Paz del MAS convocó a sus miembros a “defender pacíficamente la libre circulación” en 15 puntos de la urbe paceña, mañana 11 de octubre, donde se llevará un paro nacional.

El comunicado señala que se “convoca a toda la militancia, organizaciones y sectores a defender pacíficamente y garantizar la libre circulación de quienes trabajan por Bolivia”.

Asimismo, el Gobierno activó a la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), el Ministerio de Trabajo y el de Gobierno para que controlen que todas las instituciones privadas y estatales cumplan con la jornada laboral y no afecten la libre circulación.

Por otra parte, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales descalificó las protestas y afirmó que el paro cívico nacional convocado para el lunes será se “pititas” y “pitilleros” que recibirán pagos por su participación en las movilizaciones.

“Estoy convencido de que el pueblo boliviano no va a parar, salvo unitos, bajo presión y bajo prebenda. ¿Por qué el tema de los pititas pues? No tienen gente”, señaló.

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, aseguró este domingo que el paro cívico, convocado por la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico, no tiene ninguna reivindicación social más que buscar la impunidad de los responsables del supuesto “golpe de Estado” de 2019.

Fuente: Los Tiempos