La Octava Adenda al contrato GSA YPFB-PETROBRAS evita un gasto al Estado de $us 1.800 millones

La Octava Adenda al Contrato GSA entre Bolivia y Brasil, firmada el 6 de marzo de este año, evita un gasto de $us 1.800 millones para el Estado boliviano al haber cambiado favorablemente para el país el esquema de multas comerciales y de transporte.

Una versión, difundida por actores políticos y basada en un análisis parcial del contrato, hace referencia a un cambio del Punto de Entrega, de Río Grande a Mutún, aspecto que es incorrecto. Al haber fenecido el contrato firmado en 1996 entre YPFB y Petrobras, la Octava Adenda establece que el transporte sea pagado por Bolivia en el lado boliviano y que Brasil pague por lo que transcurre en su territorio, por tanto, la valorización del gas natural se hace en el Punto de Entrega.

En la negociación, Bolivia equilibró a favor el contrato con la modificación de las multas.  Previamente, las multas no se valorizaban sobre el volumen no entregado, sino respecto a toda la Cantidad Diaria Contratada.

De acuerdo con información de Gas TransBoliviano S.A., la empresa operadora del gasoducto Río Grande-Mutún y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el monto afectado por el pago del transporte asciende, por el tiempo que dure la entrega de hasta la última molécula contratada por PETROBRAS, a $us 226 millones. No obstante, el total de multas comerciales y de transporte evitadas en el mismo lapso es de $us 2.030 millones. Lo que le da un monto favorable a Bolivia de $us 1.804 millones. 

“Vamos a ahorrar con esta Adenda más de $us 1.800 millones que el Estado hubiera pagado en multas, lo pagó en el año 2018 por ese mar de gas y esa ilusión que nos crearon, cuando no se revisaron contratos al no tener la capacidad de poder cumplir y el 2020 había llegado el momento de pagarlas”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

Otro de los aspectos favorables para el país es que se garantiza el flujo de ingresos por el saldo energético en $us 5.700 millones hasta la última entrega de la molécula a Petrobras, con un promedio anual de ingresos de $us 2.100 millones generados por la comercialización de gas natural.

De no haberse firmado la Octava Adenda, los ingresos hubieran sido menores en 32%, afectando a Gobernaciones, Municipios, Universidades, la población boliviana y los distintos actores de la cadena de hidrocarburos.