La Fiscalía presenta acusación formal contra Arias por un ‘nombramiento ilegal’

El alcalde de La Paz, Iván Arias, es acusado por tres delitos que presuntamente cometió cuando era ministro de Obras Públicas en el gobierno de Jeanine Áñez.

El Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra del exministro de Obras Públicas y actual alcalde de La Paz, Iván Arias, y de otros tres exfuncionarios por el supuesto nombramiento ilegal del exdirector ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz Eddie Gleen García.

Mediante una resolución ministerial, con el aval de la Unidad Jurídica de esa cartera de Estado, el entonces ministro firmó el nombramiento enero de 2020, irregular según la Fiscalía. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, precisó que el Alcalde es acusado por los delitos de nombramientos ilegales, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Asimismo, “el exdirector ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz (es acusado) por los delitos de anticipación y prolongación de funciones, además de la exdirectora general de Asuntos Jurídicos, Marlen R. A. C., y la exjefa de Análisis Jurídico, María del C. S. S., por incumplimiento de deberes (porque) no hubiesen tomado en cuenta ni corroboraron las condiciones legales para el desempeño de las funciones que esta persona debía cumplir”, agregó.  

Por su parte, el fiscal coordinador de Anticorrupción, Eddy Flores, recordó que el 2 de enero de 2020, mediante una resolución ministerial, el entonces ministro de Obras Públicas designó como director ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz a Gleen García supuestamente sin cumplir los requisitos exigidos por ley.

Pues “existe una resolución ministerial del 22 de mayo de 2019, donde se aprueba un manual de puestos del plan operativo individual e indivisible, en el que se establece que para el cargo de director ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz es indispensable la licenciatura en carreras económico-financieras con prioridad de experiencia mínima de cinco años a partir de la emisión del título profesional en provisión nacional, requisito que los acusados no podían haber obviado al momento de designar y viabilizar en el cargo al amigo de la exautoridad, porque él no tenía título profesional alguno, según certificó la UMSA y el Ministerio de Educación, tampoco tenía experiencia laboral en el área económica-financiera”, explicó.

Flores remarcó que otro elemento fundamental que se tomó en cuenta para la acusación de los cuatro investigados es que se tiene una resolución ministerial del 4 de marzo de 2020 emitida por el mismo exministro de Obras Públicas y por la cual se aprobó también un manual de puestos de la gestión 2020.

En dicho manual, según el funcionario, se incluye igualmente al Centro de Comunicaciones La Paz, además se ratifica y se exige los mismos requisitos “indispensables” omitidos al momento de la cuestionada designación.

Según una nota informativa de la Fiscalía General del Estado, García ejerció el cargo de director ejecutivo desde el 2 de enero de 2020 al 25 de noviembre del mismo año con un salario de Bs 11.662. Esto “generó un presunto daño económico al Estado de Bs. 100.000, aproximadamente”, remarca el documento. 

Con la presentación de la acusación formal, la Fiscalía ahora está a la espera del señalamiento de inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Fuente: La Razón