Inhabilitación para ejercer cargos públicos, revés para el futuro político de Cristina Kirchner

La Corte Suprema confirmó la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos dictada en 2022 contra Cristina Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, en una decisión de alto impacto que paraliza el futuro político de la expresidenta.

La Corte rechazó este martes por la tarde el recurso de queja presentado por la exmandataria y ratificó la condena a 6 años de prisión por la causa por corrupción en la obra pública.

La inhabilitación para el desempeño de cargos públicos es una pena accesoria o principal que impide a una persona condenada ocupar cargos, empleos o funciones públicas, ya sea de manera temporal o perpetua, según lo dispuesto por la sentencia judicial.

Qué es la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos

La inhabilitación para el desempeño de cargos públicos está regulada principalmente por el Código Penal de la Nación Argentina (CPN), en los artículos 19, 20 y 20 bis, así como en otras normas específicas según el delito.

Esta sanción puede ser impuesta como pena principal (en delitos específicos, como los relacionados con la corrupción o abuso de autoridad) y una pena accesoria, que se aplica automáticamente en ciertos casos al dictarse una condena penal, especialmente por delitos dolosos que impliquen abuso de la función pública.

El artículo 19 del CPN establece la inhabilitación absoluta como una pena accesoria que se aplica automáticamente a las penas privativas de libertad por delitos dolosos (intencionales).

Esto implica la privación de ejercer cargos públicos, electivos o no, la suspensión de derechos políticos, como el derecho a votar o ser elegido y la pérdida de cualquier cargo público que el condenado ocupara al momento de la sentencia.

La duración de la inhabilitación es Igual al tiempo de la pena privativa de libertad, salvo que la ley disponga otra cosa.

El artículo 20 del CPN regula la inhabilitación especial, que puede ser impuesta por el juez para un cargo o función específica, o para el ejercicio de una profesión, por un período de 1 a 10 años, según el delito.

El mismo artículo agrega que la inhabilitación absoluta puede ser perpetua en casos de delitos graves, como los previstos en el Capítulo IV del Título XI (delitos contra la administración pública, por ejemplo, cohecho, malversación de fondos o administración fraudulenta). Esta inhabilitación perpetua es común en causas de corrupción, como la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) establece que la inhabilitación para cargos públicos incluye la imposibilidad de ser candidato a cargos electivos mientras la sanción esté vigente, aunque esta restricción solo aplica una vez que la condena está firme (es decir, confirmada por todas las instancias judiciales).

Alcance y Efectos

— ​Cargos públicos: La inhabilitación abarca cualquier empleo, cargo o función en la administración pública nacional, provincial o municipal, ya sea de carrera, contratado o electivo.

— Derechos políticos: En el caso de la inhabilitación absoluta, se suspende el derecho a votar y a ser elegido, aunque solo durante el período de la pena.

— Perpetuidad: Cuando la inhabilitación es perpetua (art. 20 bis), la persona queda impedida de por vida de ocupar cargos públicos o presentarse como candidato, pero solo si la condena es firme.

— Efectos prácticos: Una persona inhabilitada no puede, por ejemplo, ser funcionaria pública, legisladora, intendenta, gobernadora o presidenta, ni ocupar cargos en empresas estatales o entes públicos.

Requisitos para su Aplicación

— Condena penal: La inhabilitación se impone tras una sentencia condenatoria por un delito que la contemple, como los delitos contra la administración pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, etc.).

— Sentencia firme: Para que la inhabilitación tenga efecto pleno, especialmente en cargos electivos, la condena debe ser confirmada por todas las instancias judiciales (Corte Suprema, en el caso de Argentina). Hasta que la sentencia no esté firme, la persona puede seguir ejerciendo cargos públicos o presentándose como candidata, como ocurrió en el caso de Cristina Kirchner, quien fue candidata a senadora en 2023 pese a su condena en primera instancia.

— Decisión judicial fundamentada: El juez debe justificar la imposición de la inhabilitación, considerando la gravedad del delito y el daño causado a la administración pública.

Jurisprudencia Relevante

— ​Corte Suprema de Justicia: En el caso “Maldonado” (2002), la Corte aclaró que la inhabilitación absoluta es automática para delitos dolosos con penas privativas de libertad, pero su aplicación perpetua debe estar expresamente prevista por la ley o la sentencia.

— Cámara Nacional de Casación Penal: En fallos como “Báez” (relacionado con la causa Vialidad), se ratificó que la inhabilitación perpetua es adecuada para delitos de corrupción que afectan gravemente la confianza pública.

— Causa Vialidad (Cristina Kirchner): En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta. Sin embargo, como la sentencia no está firme (pendiente de revisión por la Corte Suprema), ella conserva sus derechos políticos y puede candidatearse.

Aplicación Práctica

— La inhabilitación es común en casos de corrupción, como los delitos previstos en los arts. 248 a 268 del CPN (abuso de autoridad, cohecho, malversación, etc.).

— En la práctica, la inhabilitación perpetua tiene un impacto significativo en figuras políticas, ya que les impide volver a ocupar cargos electivos o de designación una vez que la condena es firme.

— Durante el proceso de apelación, la inhabilitación no se aplica, lo que permite a los condenados en primera o segunda instancia seguir participando en la vida política hasta que la Corte Suprema resuelva.

FUENTE: PERFIL