Industriales presentan proyecto de ley para derogar disposición séptima del PGE 2025

Con el objetivo de derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza la confiscación de productos, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó un proyecto de la ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tal como se anunció en el último encuentro multisectorial realizado en Sucre el pasado 30 de enero.

“La CNI conjuntamente las cámaras sectoriales de producción, transporte, comercio pequeñas, medianas y grandes presentan en forma simultánea a nivel nacional el proyecto de ley señalado. En este marco, es fundamental señalar que la construcción del diálogo entre dos posiciones (público y privado) distintas sobre la citada norma permite enriquecer la generación de política pública en el país”, sostuvieron los empresarios industriales a través de una nota de prensa.

También indicaron que al “existir disenso sobre la disposición adicional séptima” entre el sector público y el privado, se debe generar un proceso de construcción colectiva coordinada, alejada de posiciones políticas. 

“El sector industrial es consciente de su posición de diálogo, en la defensa de las actividades privadas y de la Constitución Política del Estado”, dice la nota.

En conferencia de prensa, Pablo Camacho, titular de la CNI, indicó que si se deroga la polémica disposición el gran ganador será el país porque se daría una muestra de entendimiento y también se mejoraría el clima de inversiones.

“Resaltamos que la CNI siempre tomó una posición en defensa de la economía formal y la lucha contra el contrabando, además del crimen organizado, como se evidencia en las reiteradas propuestas presentadas al sector público consistentes en la penalización del delito”.

En la misma conferencia estuvo Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), señaló que van a continuar manteniendo la unidad entre todos los que asistieron al encuentro multisectorial.

“La posición es la misma: pedir la derogación. Nosotros, como el último eslabón de la cadena productiva al ser exportadores, ratificamos el consenso que tienen varios sectores y adicional a eso, comunicar que hay muchos otros sectores que también se están sumando”.

En Santa Cruz, los representantes de los sectores que conforman la cadena productiva recibieron el apoyo del Comité pro Santa Cruz en las futuras medidas que vayan a tomar, como la movilización del 10 de febrero.

“La cadena alimenticia ha tocado nuestras puertas y, como corresponde, estamos apoyando las determinaciones y las solicitudes de nuestras instituciones. Así que convocaremos al directorio a efectos de que la institucionalidad cruceña se pliegue a esta movilización y la apoye”, dijo Fernando Larach, presidente del ente cívico.

También cuestionó que el Gobierno se ponga a convocar a diálogos y al mismo tiempo calificar de “delincuentes” a quienes no apoyan la disposición.

“Uno debe ser honesto y franco con sus declaraciones, sin afectar a la dignidad de las personas. En estas instituciones ninguno es delincuente y tampoco están buscando solapar ningún tipo de delitos”, acotó Larach.

FUENTE: EL DEBER