Gobernaciones presionan al Gobierno para cumplir la Agenda 50/50

Representantes de ocho de los nueve departamentos de Bolivia se declararon en estado de alerta y dieron plazo hasta el 31 de octubre de 2026 al Gobierno central para ejecutar los compromisos de la denominada Agenda 50/50.

La declaración fue suscrita este jueves 24 de septiembre en la sede de la Gobernación de Santa Cruz, tras una jornada de debate. El documento exige la transferencia directa del 15% de la coparticipación tributaria, alivio de cargas financieras y compensación por el incremento del precio del diésel.

El pronunciamiento sostiene que la distribución equitativa de los ingresos fiscales es fundamental para consolidar la autonomía financiera de los gobiernos departamentales.

Entre las principales demandas figura el traspaso del 15% de la coparticipación tributaria sobre impuestos específicos establecidos en la Ley Marco de Autonomías. Las gobernaciones plantean que esos recursos sean deducidos de la administración del nivel central, sin afectar los presupuestos municipales, de las autonomías indígenas ni de las universidades públicas.

• Una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación para cubrir hasta fin de año los costos de mantenimiento vial, salud y maquinaria pesada derivados del incremento del diésel.
• La incorporación del precio real del combustible en los techos presupuestarios del Presupuesto General del Estado 2027.
• La devolución durante la gestión 2027 del 12% del IDH del Fondo de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
• La suspensión de débitos automáticos y la restitución de recursos destinados al Bono Viático de Vacunación y prediarios.
• La agilización del desembolso de recursos del Fondo Fideicomiso FAGOBOL, establecido mediante el Decreto Supremo N° 5363.

Las autoridades también acordaron priorizar en la Asamblea Legislativa el tratamiento de tres proyectos de ley: la modificación de la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos, la Ley de Fortalecimiento y Garantía de la Autonomía Económica, conocida como Ley del 50/50, y la Ley Básica de Relaciones Internacionales para los Gobiernos Autónomos.

La resolución establece que el tratamiento coordinado con los nueve gobiernos autónomos departamentales debe comenzar sin demoras. El 31 de octubre fue fijado como fecha límite para verificar avances concretos por parte del nivel central.