Gasolina basura: informe señala fallas en YPFB y la ANH

El informe aprobado por la Cámara de Diputados sobre el denominado caso de la “gasolina basura” identifica presuntas responsabilidades en decisiones adoptadas dentro de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según explicó el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón.

De acuerdo con la interpretación del legislador, el expresidente de YPFB Yussef Akly amplió en diciembre de 2025 un contrato heredado de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la empresa Vitol para la provisión de gasolina base.

Observaciones al manejo de la gasolina

Alarcón señaló que los primeros reclamos por la calidad del combustible surgieron en febrero, cuando la ANH dispuso el precintado de cinco tanques debido a niveles de goma considerados fuera de los parámetros permitidos.

Posteriormente, según la explicación del diputado, se incorporaron aditivos al combustible y se autorizó el desprecintado de los tanques. Al no resolverse el problema, se modificó nuevamente el contrato con Vitol para establecer mayores exigencias relacionadas con la presencia de goma y manganeso.

El legislador consideró que una alternativa hubiera sido devolver el producto identificado como contaminado al proveedor o gestionar su reemplazo, en lugar de continuar con su distribución.

Señalamientos contra exautoridades de la ANH

Alarcón también se refirió a la exdirectora de la ANH Margot Ayala, quien aparece entre las personas señaladas en el informe por presuntas omisiones relacionadas con tareas de fiscalización y la autorización de permisos excepcionales para YPFB.

El documento también menciona a Germán Jiménez y Joel Callaú, quienes ocuparon anteriormente la dirección de la ANH durante el gobierno de Luis Arce.

Otros nombres incluidos en el informe

Entre las personas mencionadas figuran el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, además del expresidente Luis Arce, su exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y el expresidente de YPFB Armin Dorgathen.

El informe aprobado por Diputados será remitido a la Fiscalía, la Contraloría General del Estado y el Órgano Ejecutivo para las acciones e investigaciones correspondientes.

Los señalamientos corresponden a presuntas responsabilidades y deberán ser establecidos por las autoridades competentes dentro de los procesos respectivos.