Fiscalía interviene YPFB por presunto sobreprecio en compra de crudo

El Ministerio Público intervino oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de petróleo.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada con la Policía Anticorrupción y peritos de Criminalística, con el objetivo de recabar documentación vinculada a contratos con la empresa Trafigura.

Investigación por presunto sobreprecio

Según el fiscal anticorrupción Aldo Mesa, el proceso busca determinar si existió sobreprecio en la adquisición de barriles de crudo.

El caso fue abierto contra presuntos responsables aún no identificados, mientras se recopilan elementos para establecer posibles delitos.

Entre las figuras penales analizadas se encuentran conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Operativos simultáneos en dos ciudades

En la ciudad de La Paz se realizó el registro de oficinas administrativas de YPFB, mientras que en Santa Cruz los operativos se concentraron en instalaciones ubicadas en la zona de la Doble Vía a La Guardia.

Las acciones estuvieron dirigidas por comisiones fiscales, entre ellas la encabezada por el fiscal Omar Quisber.

Las intervenciones se enfocaron en áreas específicas relacionadas con procesos de contratación, sin abarcar toda la estructura de la empresa estatal.

Denuncias y posible daño económico

La investigación se activó tras denuncias de parlamentarios y del vicepresidente Edmand Lara, quienes alertaron sobre posibles irregularidades en los costos de importación de petróleo.

Según las acusaciones, los contratos observados habrían generado un daño económico estimado en alrededor de 4 millones de dólares.

Por su parte, YPFB sostuvo previamente que los acuerdos cuestionados corresponden a una gestión anterior.

Caso en etapa preliminar

El Ministerio Público aclaró que el proceso se encuentra en fase inicial y que el análisis de la documentación recolectada será clave para determinar responsabilidades.

No se descartan nuevas acciones en los próximos días, mientras continúa la revisión técnica y legal de los contratos en uno de los casos más sensibles del sector energético boliviano.