Fiscalía conmina a la UIF entregar informe de movimientos bancarios del hijo de Arce

El edificio de la Fiscalía de La Paz.

La Fiscalía de La Paz conminó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a remitir el informe detallado sobre los movimientos bancarios de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por la compra millonaria del predio Adán y Eva, en el departamento de Santa Cruz.

“Hemos solicitado el informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Se ha emitido un requerimiento a modo de conminatoria, a efectos de que puedan, de una vez, emitir esos informes que ellos se ven obligados ante la solicitud del Ministerio Público”, afirmó el fiscal Aldo Mesa.

Mesa señaló que el informe es fundamental para definir la situación de los investigados.

El caso cobró notoriedad pública luego de un reportaje de la plataforma Connectas, que reveló que Arce Mosqueira, con apenas 25 años y un año y medio después de dejar la función pública, adquirió en 2021 una propiedad denominada “Adán y Eva” por $us 3,3 millones. El terreno tiene una superficie de 2.187,8 hectáreas.

El reportaje también reveló que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) autorizó en tiempo récord la ampliación de desmontes en la zona. Además, entre 2022 y 2024 desaparecieron casi 480 hectáreas de bosque.

El fiscal Mesa aclaró que desde agosto existe una alerta migratoria contra Arce Mosquera y que, según los últimos reportes migratorios, el investigado permanece en el país.

Asimismo, la Fiscalía también informó que varios funcionarios del Banco Ganadero fueron citados a declarar por la concesión del préstamo millonario utilizado en la compra del predio.

El caso fue impulsado por el diputado Héctor Arce, quien denunció que Rafael Arce y su hermana Camila recibieron créditos por un total de 63 millones de bolivianos del mismo banco, pese a su escasa experiencia en el ámbito productivo y sus edades —25 y 20 años, respectivamente— al momento de los desembolsos.

FUENTE: LA RAZON