Procesos judiciales

Evo Morales acumula dos órdenes de aprehensión por trata y bloqueos

Evo Morales permanece en el trópico de Cochabamba mientras enfrenta dos órdenes de aprehensión.

El expresidente Evo Morales enfrenta actualmente dos órdenes de aprehensión emitidas en el marco de distintos procesos judiciales. La más reciente fue dictada por la Fiscalía dentro de una investigación relacionada con los bloqueos registrados en el país, mientras que la otra continúa vigente por el caso de presunta trata de personas.

Investigación por los bloqueos

La nueva orden fue emitida por el fiscal Alfredo Melgar Ledezma tras una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno. La investigación busca establecer responsabilidades por las movilizaciones y bloqueos que se prolongaron durante más de 50 días en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la investigación fiscal, Morales es procesado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Tras conocerse la determinación, el exmandatario manifestó a través de sus redes sociales que responsabiliza al Gobierno por la decisión judicial y aseguró que no teme enfrentar los procesos iniciados en su contra.

Proceso por presunta trata de personas

Además de la investigación por los bloqueos, Morales mantiene vigente una orden de aprehensión dentro del proceso por presunta trata de personas impulsado por la Fiscalía de Tarija. En este caso, el Ministerio Público lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo durante su gestión como presidente.

El juicio oral fue convocado para el 11 de mayo; sin embargo, Morales no asistió a la audiencia, por lo que fue declarado rebelde y se dispuso la emisión de una orden de aprehensión.

Semanas atrás, la defensa del exmandatario solicitó la anulación del proceso argumentando la inexistencia de víctimas y de delito. No obstante, la Fiscalía informó que esa petición fue rechazada y la investigación continúa en curso.