Estado de excepción en Bolivia podría durar hasta 90 días y requerirá aprobación legislativa

El proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción establece que el Gobierno podrá declarar esta medida extraordinaria mediante decreto supremo cuando existan situaciones de peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.

La norma señala que el estado de excepción tendrá una vigencia máxima de 90 días y que cualquier ampliación deberá ser autorizada por la Asamblea Legislativa mediante votación de mayoría absoluta.

En medio de la crisis política y social que atraviesa el país, el tratamiento de esta ley avanza en el Parlamento. El Senado ya aprobó la iniciativa y la Cámara de Diputados tiene previsto analizarla en las próximas horas.

El decreto que declare el estado de excepción deberá especificar las causas que motivan la medida, el alcance territorial, las instituciones encargadas de su aplicación y el tiempo de duración.

Asimismo, una vez emitido el decreto, el presidente de la Asamblea Legislativa deberá convocar a una sesión permanente dentro de las 24 horas para que diputados y senadores evalúen y aprueben la disposición en un plazo máximo de 72 horas.

La propuesta define el estado de excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado frente a circunstancias excepcionales.

En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas durante la vigencia de esta medida, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas podrán intervenir y trasladar a los infractores ante las autoridades competentes.

El presidente Rodrigo Paz reiteró que su Gobierno continúa priorizando el diálogo y las acciones humanitarias para resolver el conflicto generado por los bloqueos, aunque recordó que la Constitución contempla mecanismos legales para enfrentar situaciones de conmoción interna.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó que el objetivo principal de un eventual estado de excepción es proteger el estado de derecho y garantizar la estabilidad institucional del país.