Empresarios de Tarija alertan sobre “colapso inminente” del sector privado por escasez de dólares y presión salarial

La presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar), Marina Ruiz, advirtió sobre el crítico impacto que está generando la persistente escasez de dólares en el sector privado boliviano, especialmente en las empresas importadoras, que enfrentan comisiones de hasta un 110 % para concretar transferencias al exterior. Esta situación —según sostuvo— está elevando significativamente los costos de producción y, en consecuencia, los precios finales para el consumidor.

“El tema del dólar no se ha solucionado”, manifestó Ruiz en una reciente entrevista con medios locales. “Las empresas están pagando entre 80 y 110 % de comisiones para acceder a divisas y realizar compras internacionales, lo que encarece los productos finales en el mercado”, explicó.

La dirigente empresarial también expresó su preocupación por el inminente anuncio del incremento salarial anual, que tradicionalmente se define antes del 1 de mayo, señalando que varios sectores sindicales ya estarían solicitando ajustes superiores a los aplicados en 2024. Para Ruiz, esta exigencia resulta inviable en un contexto de fragilidad económica generalizada.

“Nos parece una aberración que se esté pidiendo un incremento salarial tan insulso cuando la situación económica de todos los bolivianos es muy difícil”, declaró. “Como sector privado estamos solicitando que este año no se imponga ningún aumento salarial”.

Ruiz calificó los incrementos recientes como “desmedidos” y “desconectados de la realidad económica”, ya que —según afirmó— no guardan proporcionalidad con el crecimiento ni con la productividad del aparato empresarial boliviano.

Ante este panorama, instó a reactivar el diálogo tripartito entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. “No se puede permitir que dos sectores decidan arbitrariamente sobre un tercero que no está presente en la mesa de negociación. Es indispensable conocer la realidad del sector productivo antes de imponer medidas que podrían destruirlo”, subrayó.

Ruiz advirtió que una nueva alza salarial pondría en riesgo la estabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas con estructuras financieras frágiles, lo que derivaría en cierres y mayor desempleo.

“El incremento salarial solo alcanza al 13 % de la población ocupada formalmente, pero la inflación que genera la terminamos pagando todos los bolivianos”, alertó.

Actualmente, Bolivia presenta una tasa de informalidad laboral que bordea el 87 %, de acuerdo con datos oficiales, lo que limita la efectividad de las políticas salariales y presiona aún más al sector productivo formal.

Consultada sobre la situación económica de Tarija, Ruiz lamentó que el departamento lleva varios años registrando indicadores negativos. “Este año no es la excepción. Al estar cerca de la frontera también sufrimos los efectos del contrabando, incluso el contrabando a la inversa, que impacta directamente en la competitividad de nuestra producción”, agregó.

Las declaraciones de la presidenta de Caincotar se dan en un contexto económico nacional marcado por restricciones en el acceso a divisas, presiones inflacionarias, informalidad creciente y una baja dinámica del aparato productivo, especialmente en regiones periféricas fuera del eje central del país.