El TSE recibió la renuncia de 180 autoridades mujeres, 30 de ellas por violencia política

Los casos ocurrieron entre mayo y diciembre de 2021. La mayoría corresponde a concejalas que asumieron funciones en mayo del año pasado. En 10 años de vigencia de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política solo hay una sentencia

Entre mayo y diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 180 casos de renuncias de autoridades subnacionales mujeres, especialmente concejalas. De ese total, se estableció que 30 de ellas se alejaron de sus cargos porque sufrieron acoso y violencia política.

En el país, la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres, está vigente desde el 28 de mayo de 2012. Fue inspirada por el asesinato de Juana Quispe, concejala del municipio Ancoraimes (La Paz), ocurrido en marzo de 2012, por negarse a renunciar a su cargo.

En el Órgano Electoral llamó la atención que, en siete meses de gestión de los gobiernos subnacionales, los tribunales departamentales reportaron 180 casos de renuncias de autoridades electas mujeres.

La vocal del TSE Dina Chuquimia explicó que cada una de las autoridades que sufrieron de acoso y de violencia política pasaron por un análisis jurídico, social y psicológico.

“En al menos 30 de estos casos, registrados entre mayo y diciembre del año pasado, constatamos que las dimisiones se debieron a presiones políticas, y cuando esto se verificó pasaron al procedimiento de inicio de una denuncia por acoso y violencia política en el que se acusa al colega de trabajo, al concejal suplente, que ejerció la violencia que derivó en que la autoridad electa decida hacerse a un lado”, señaló la vocal electoral.

Este problema fue abordado el miércoles en una cumbre nacional organizada por el Órgano Electoral, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El antecedente principal es que la Ley 243 está a un mes de cumplir 10 años y en ese tiempo hay una sola sentencia por acoso político a mujeres.

La Fiscalía General del Estado, en el cruce de los datos, confirmó que en la gestión 2021 se registraron 34 casos de acoso político contra mujeres. De esos, siete fueron en Cochabamba, seis en Santa Cruz y el mismo número en La Paz. En Beni hubo cinco e igual cantidad en Potosí; dos en Chuquisaca, dos en Oruro y uno en Tarija. Solo Pando no tuvo casos. 

Pero, el dato más preocupante se debe a que hubo 26 casos de violencia política contra las mujeres: Diez en La Paz¸ siete en Santa Cruz, cinco en Cochabamba, dos en Beni, uno en Potosí, y uno en Tarija.

Fernando Aramayo Carrasco, Coordinador de programas y gestión institucional del PNUD, lamentó que en 10 años de existencia la ley 243 ha permitido que se denuncien más de 700 casos, pero solo se obtuvo una sentencia.

Y el caso concreto fue muy mediático. Tras cinco años y nueve meses del juicio instaurado por la dirigente campesina Felipa Huanca en contra de Rafael Quispe, autonombrado como ‘Tata’ Quispe, la tarde de 12 de febrero de 2021 el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer condenó a dos años de prisión a Quispe, aunque la ley prevé que las condenas menores a tres años no tienen cárcel. 

La denuncia fue por acoso político. Huanca dijo que por acciones de Quispe ella perdió las elecciones subnacionales de 2015 cuando se presentó como candidata a la Gobernación de La Paz por el MAS. Quispe la denunció porque, presuntamente, fue parte del desfalco del Fondo Indígena. Tras conocer el fallo, el ‘Tata’ lamentó que en el país “se condena al que denuncia corrupción”.

Aramayo afirmó que hay aspectos que se deben evaluar en la ley, como por ejemplo mecanismos que no terminan de funcionar, mejorar la coordinación interinstitucional, “pero de fondo está la asimetría de poder en la que se encuentran las víctimas de acoso y violencia política”.

“Esto nos devuelve a las dos dimensiones de la violencia. Efectivamente hay una violencia física, esa que llega a los golpes y al asesinato en el peor de los casos, pero también está la psicológica. El acoso se va agravando con el tiempo y su desenlace puede salirse de control”, manifestó el experto.

Por su lado, la vocal Chuquimia señaló que el nivel más grave es la violencia, luego se genera el acoso por la labor de fiscalización que una concejala puede realizar a una autoridad y también entre correligionarios. Los suplentes varones atacan a la titular para asumir su lugar de poder. 

Cuando la autoridad es la número uno, es aún peor. El viernes, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo a EL DEBER Radio que tiene muchos enemigos. “Sin ir muy lejos, me han inventado 11 maridos”, en alusión al tipo de acusaciones que recibe desde el oficialismo. “Cuando se ensañan con una, no te dejan ni respirar”, reveló.

Hace más de 10 años, con la voz quebrada y entre sollozos, la concejala Juana Quispe advertía que la iban a matar, seis meses antes de que su cuerpo fuera hallado en una quebrada en La Paz.

Murió a los 42 años. Los principales sospechosos de su muerte son el entonces alcalde de Ancoraimes, el presidente y la vicepresidenta del Concejo Municipal. El proceso no avanzó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que “hemos sido muy negligentes en la atención de este tema que es fundamental para la democracia. El 2012 definimos con una ley que el acoso y la violencia política contra la mujer era un tema fundamental. Los pocos avances que tenemos hasta la fecha son nuestra responsabilidad, como autoridades”, aseguró.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó que “en el ámbito político la presencia de la mujer transgrede un espacio, el de tomar las decisiones del Estado, que antes estaba reservado para los hombres. No es que hayamos dejado de hacer las tareas del hogar, que todavía no son compartidas, del cuidado de la vida, sino que tenemos doble y triple trabajo que no es remunerado”.

Admitió que “persisten opresiones coloniales y capitalistas, dentro de la vida política y partidaria, que no está exenta de los dispositivos y resabios de esas matrices patriarcales de opresión y dominación, de discriminación, de racismo y de explotación. Las mujeres no sólo sabemos esto, sino que lo sentimos desde el momento en que decidimos ejercer nuestros derechos políticos.

A ambos lados

El problema del acoso y la violencia política sigue latente, tanto para oficialistas como para opositores.

Soraya Destre Vaca, concejala del municipio de Riberalta, del Movimiento Tercer Sistema, que forma parte de la alianza opositora junto al MAS que se enfrenta a la ganadora agrupación Nacer, que tiene vínculos con Creemos denunció que sufrió acoso y violencia política.

Acusó al cívico Katriel Müller, detenido hace casi tres meses en la ciudad beniana por supuestos delitos cometidos durante el paro cívico que obligó al gobierno a derogar la ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas. Destre Vaca aseguró que todo comenzó cuando se negociaba el precio de la carne.

“En una reunión me agredió verbalmente. Desde entonces comenzó su persecución, su acoso en mi contra. Este hombre generó mal ambiente en mi contra, y eso llegó a la violencia. Un día un motociclista se me acercó y me dio un golpe que sentí como si fuera un machetazo. Me partió la muñeca como en cinco partes. Tenía 35 días de impedimento, pero asistí para que no me sacaran. Nadie me apoyó. No paró ahí, voté en contra de una planta generadora de oxígeno y la presión creció. Este señor incitó a un cabildo para que salga a las calles para exigir mi renuncia. Yo lo he denunciado, pero no procedió. Ahora está en la cárcel por otro tema, pero mi muñeca está destruida, debo someterme a una microcirugía porque podría tener consecuencias”.

Azucena Fuertes, Asambleísta de Potosí por Unidad Nacional (UN), quien hace fiscalización por la denuncia de compra irregular de ambulancias en contra del gobernador Jhonny Mamani.

Fue también concejal, “y la denuncia de adquisición de máquinas de tejer usadas, que se entregaron como nuevas, me costó el cargo. Me suspendieron, me procesaron y me sentenciaron”. Relató que todo comenzó no dejándola hablar, y terminó cuando posesionaron a su suplente. Además, lamentó que su familia está proscrita de trabajar en Potosí en cargos públicos. “Ellos no me reclaman, recibo su apoyo, pero yo siento que les hice daño. Han tenido que desarrollar destrezas fuera de su tierra”, lamentó.