Diputado Rosas responsabiliza al gobernador Montes por cierre del SEDECA y el daño económico resultante

Tras la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que instruye la restitución del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) y de sus trabajadores, el diputado por Tarija, Edwin Rosas, arremetió contra el gobernador Óscar Montes, a quien responsabiliza directamente por el grave daño económico que esta decisión provocó al departamento.

Rosas señaló que Montes actuó con soberbia al ignorar las advertencias de sus asesores legales y técnicos, quienes ya le habían advertido sobre las consecuencias legales y financieras que implicaría el cierre del SEDECA. “Muchos le dijeron a Óscar Montes que no debía cerrar el SEDECA, pese a ello lo hizo. No escuchó a nadie. Actuó con soberbia, como si estuviera por encima de la ley, y ahora quienes pagarán los platos rotos seremos todos los tarijeños”, manifestó.

El parlamentario calificó esta decisión como un acto de despilfarro de recursos públicos, señalando que el daño económico es significativo y podría superar los 10 millones de bolivianos en sueldos devengados y otros costos asociados a la restitución de los funcionarios despedidos. “Sabía perfectamente que el cierre del SEDECA podía causar un daño económico al departamento, pero prefirió imponer su capricho antes que asumir una gestión responsable”, afirmó.

Rosas cuestionó que en lugar de fortalecer una institución clave para el desarrollo vial del departamento, el gobernador optara por eliminarla, generando incertidumbre institucional, perjuicios en la ejecución de obras y ahora una carga económica que deberán asumir todos los contribuyentes.

“Si tomó esta decisión caprichosa, que asuma las consecuencias con su propio bolsillo. Basta de que las autoridades tomen decisiones arbitrarias y luego pretendan que el pueblo pague por su irresponsabilidad. Montes debe responder no solo política sino también legalmente por este despilfarro”, sentenció Rosas.

El diputado también instó a que se inicie una auditoría para establecer con precisión los daños económicos generados y evaluar las responsabilidades que correspondan. “La restitución del SEDECA es un paso, pero no puede quedar en la impunidad una decisión que vulneró derechos laborales y causó un enorme perjuicio al desarrollo del departamento”, finalizó.