Debate por la regularización de autos "chutos" reabre discusión sobre los impuestos a la importación legal

La propuesta legislativa para regularizar vehículos indocumentados volvió a poner en debate la carga tributaria que enfrenta la importación legal de motorizados en Bolivia, así como las posibles consecuencias económicas que una eventual nacionalización tendría para el sector automotor.

La iniciativa, presentada por el diputado Reinaldo Seas, plantea una regularización extraordinaria de vehículos sin documentación con el argumento de incorporarlos a la economía formal, generar mayores ingresos tributarios para el Estado y destinar parte de esos recursos a obras de infraestructura vial.

Sin embargo, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) considera que la discusión también debe abordar el elevado costo que representa importar un vehículo de manera legal.

El gerente de la CAB, Luis Encinas, explicó que la carga tributaria puede representar hasta el 50% del valor imponible de un vehículo debido al pago del Gravamen Arancelario (GA), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y otros costos asociados.

"El cúmulo de impuestos que se paga hace que un vehículo sea caro y eso no es por voluntad de los importadores, sino porque así está normado", señaló.

Desde la institución sostienen que Bolivia, al no contar con una industria automotriz propia, debería promover condiciones que favorezcan la importación legal y la renovación del parque automotor para reducir los incentivos al contrabando.

La CAB también advirtió que una regularización masiva de vehículos indocumentados podría afectar a un sector que genera aproximadamente 8.000 empleos directos y cerca de 64.000 empleos indirectos, entre concesionarias, talleres, comercializadores de repuestos y otros servicios vinculados.

Según Encinas, una mayor oferta de vehículos regularizados reduciría las ventas del mercado formal y podría provocar una depreciación de hasta el 50% en el valor comercial de los vehículos importados legalmente, afectando a propietarios que adquirieron sus motorizados mediante créditos o pagando todos los tributos establecidos.

El dirigente también cuestionó el impacto que una medida de este tipo podría tener sobre la seguridad jurídica y el clima de inversión.

"¿Quién va a venir a invertir en un país que da señales de que no se respeta la normativa ni a quienes cumplen con los impuestos?", manifestó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, indicó que la propuesta será evaluada por la comisión correspondiente antes de definir si continúa su tratamiento legislativo.

Entretanto, el diputado Reinaldo Seas anunció que realizará ajustes a su proyecto, aunque descartó retirarlo pese a las observaciones surgidas durante el debate.

La propuesta también generó reacciones fuera del país. Autoridades chilenas expresaron preocupación por un posible incremento del robo y tráfico de vehículos hacia Bolivia, mientras que representantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores advirtieron que una regularización de vehículos de origen ilegal podría favorecer actividades vinculadas al crimen organizado.