Comité contra la Tortura exhorta a Bolivia reformar la justicia

El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado de Bolivia en Ginebra, Suiza, y demandó, entre otros puntos, una reforma urgente al sistema judicial al evidenciar falta de independencia y autonomía.

El CAT indica en su informe que esta falta de autonomía del Órgano Judicial y el Ministerio Público tiene consecuencias en “procesos penales en contra de opositores políticos” mediante los tipos penales de sedición y terrorismo. Sugiere la elección de autoridades judiciales en base a méritos para evitar esta situación, según reporte de ANF.

“Llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”, se lee en uno de los puntos conclusivos referidos al sistema de justicia.

El CAT reitera su preocupación por los procesos que se siguen en el país con los delitos penales de sedición y terrorismo, tipificados “en base a conceptos extremadamente vagos”.

En Bolivia hay al menos una decena de personas con detención preventiva por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por el caso de supuesto golpe de Estado I.

Eusebio Vera, abogado de los exjefes militares general Jorge Terceros y almirante Gonzalo Jarjuri, dijo a ANF que el proceso por sedición y terrorismo en contra de sus defendidos sigue, y que hasta la fecha el Ministerio Público no presenta acusación por falta de pruebas.

La expresidenta Jeanine Áñez también fue detenida tras ser acusada con estos tipos penales. El Gobierno, mediante el Ministerio Público, le fue sumando más procesos en su contra.

El Comité pide al Gobierno boliviano “efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, en particular, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos”.

“Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”, señala.

Son varias las organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW) que observan el uso de la justicia en Bolivia como instrumento de persecución a opositores políticos.

En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó las violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, advirtió una falta de independencia de la administración de justicia.

Fuente: Los Tiempos