Chile no pagará por el Silala y pide a la CIJ lo declare río internacional

En su segunda ronda de alegatos orales, ayer la defensa de Chile demandó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya fallar en sentido que el “Silala en su totalidad es un curso de agua internacional sujeto a leyes consuetudinarias y la Convención del 97”, además de no caer en el juego de Bolivia, que busca minimizar la decisión que tome el tribunal.

Ximena Fuentes, la agente chilena en el litigio, aseguró que “en el contexto específico de las relaciones entre Chile y Bolivia, este tipo de diferendo entraña una posibilidad probada de agravamiento y por lo tanto un fallo de la Corte Internacional de Justicia debiera ser bienvenido, no evitado ni minimizado como parece querer Bolivia”.

A su vez, el abogado Samuel Wordsworth fue más allá al sostener que Bolivia, al no poder articular ninguna base y ningún sostén para su caso de caudales artificiales, incorporó varios argumentos “tortuosos” en cuanto a la naturaleza o existencia de una controversia “con el objetivo de hacer desaparecer la causa”.

“El deseo subyacente por parte de Bolivia es que la Corte haga lo menos posible y despache a estos dos Estados como si fuera un parque infantil a los que sólo hay que decirles que deben cooperar; sin embargo, la disputa es real y está ahora ante la Corte, y hay cuestiones reales que determinar entre dos Estados que no han disfrutado de relaciones diplomáticas desde 1978”, sostuvo.

Los legistas chilenos descalificaron la posición que tiene Bolivia y los estudios del Instituto de Hidrología Danés (DHI), porque “intentan forzar los datos”.

Wordsworth inició su intervención criticando duramente la “conducta errática de Bolivia”, que en determinados episodios intenta mostrar ante el alto tribunal de justicia que no existe una controversia como tal, por existir coincidencias, pero que a la vez mantiene argumentos como curso aumentado artificialmente.

Recordó que Bolivia, en principio, manejó la teoría de propiedad soberana de todas las aguas del Silala, que los caudales artificiales estaban excluidos de las normas internacionales y que deben recibir un tratamiento diferente, proposición calificada de “errónea que se apoya en meros adjetivos: el Silala es único, particular, excepcional, en lugar de algún principio jurídico”.

Wordsworth señaló que la petición de Chile es que declare que “el sistema hídrico del Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario”.

“En particular, la Corte debe determinar si el Silala en su totalidad es un curso de agua internacional, sujeto a las normas de derecho internacional consuetudinario, reflejadas en la convención de la ONU del 97, y si Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del Silala, es la determinación de estas dos cuestiones lo que resolverá esta controversia”, aseguró el legista en representación de Chile.

A su vez, la abogada Johanna Klein Kranenberg pidió a la CIJ que declare en su fallo la aplicación del principio de “uso razonable y equitativo a todas las aguas del Silala” y sin compensaciones anteriores ni futuras.

“Aunque Bolivia ahora reconoce que el río Silala es un curso de agua internacional en lo que se refiere a sus aguas de flujo natural y preferiría que la Corte declarara el litigio planteado por Chile como discutible. Chile necesita una decisión de la Corte que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a todas las aguas del Silala que no considera ningún tipo de compensación por usos pasados o futuros”, dijo.

Recordó que, en 1996, las autoridades nacionales reconocieron que el Silala era un río que surge de un manantial y que cruza a territorio chileno, pero que por presión local se determinó incorporar el tema en una agenda bilateral y que por el uso de agua el estado boliviano debería ser beneficiario de las rentas.

Klein aclaró que la concesión fue entre el Estado boliviano y una empresa (Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia - FCAB), que no involucra al Estado chileno, aspecto que debe tomar en cuenta la Corte.

“La concesión fue cancelada en 1999, misma que fue revocada y anulada, su registro cancelado como si nunca hubiera existido”, agregó.

La abogada Klein refirió que el Estado chileno determinó intervenir ante la amenaza lanzada por Bolivia de cortar el curso de las aguas del Silala, que afectaría el curso natural lo que va en contra de lo que establece el derecho consuetudinario internacional, en su principio de uso razonable y equitativo de las aguas que pasan por los Estados.

Responsabilidad de Bolivia

En tanto, en lo que se refiere a la “degradación del sistema ecológico” de los bofedales y otros en el Silala, el legista Wordsworth responsabilizó a Bolivia sobre este hecho, toda vez que el Estado boliviano, al suscribir la concesión, era responsable de vigilar por el sistema.

“Como aceptó Bolivia la construcción de los canales en el territorio boliviano que se dicen genera los caudales artificiales y han provocado el deterioro de los humedales bolivianos, fue construido por FCAB, por mucho que se centre en la supuesta degradación de los humedales, de la que sólo Bolivia podría ser responsable, las decisiones unilaterales de Bolivia no pueden incidir en el estatus del agua del Silala ni incidir en la virtud de las normas consuetudinarias, de la Convención de 1997”, indicó.

Datos erróneos

Otro aspecto que observó la defensa chilena es el trabajo desarrollado por la empresa danesa DHI.

Wordsworth señaló que Chile tuvo que solicitar e insistir en el suministro de los datos digitales del DHI, que Bolivia se negó en principio, pero que posteriormente en los informes se detectaron varias adiciones de agua no explicadas ni reportadas en mediciones del DHI.

“Adición de agua artificial en el modelo, 42 litros por segundo no declarados en aguas superficiales, su modelización había salido mal (...) lo mismo se aplica a los 10 litros adicionales. Se ha añadido directamente a los resultados y no los datos de entrada, cantidades arbitrarias de agua a los resultados que el modelo había producido”, cuestionó.

Cinco peticiones de Chile a la Corte de La Haya

Al cierre de los alegatos de ayer, la agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ximena Fuentes, mencionó que su país espera un fallo adecuado del alto tribunal, además de exponer las peticiones finales.

Chile solicita a la Corte que adjudique y declare:

a) Que el sistema del río Silala junto con las porciones subterráneas de este sistema es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario.

b) Chile tiene derecho a la utilización equitativa y razonable de las aguas del sistema del río Silala de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

c) Bajo la norma de utilización equitativa y razonable, Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del río Silala.

d) Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala.

e) Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que pudieran tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos e intercambiar datos e información, y de llevar a cabo —cuando proceda— una evaluación del impacto ambiental con el fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos de dichas medidas planificadas.

Fuente: Los Tiempos