Campesinos de Tarija advierten con bloqueo indefinido si la Asamblea no archiva Ley de Emergencia Financiera

El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Herbert Quispe, expresó su preocupación por la falta de respuesta de la Asamblea Legislativa Departamental ante la polémica Ley de Emergencia Financiera, cuyo tratamiento ha generado tensión entre sectores sociales y autoridades.

El dirigente recordó que este lunes se cumple el plazo de 10 días hábiles otorgado por su sector para que el proyecto de ley sea retirado por el gobernador o rechazado por la Asamblea, una exigencia que, según remarcó, es “innegociable”.

“Como sector campesino nos preocupa esta situación, considerando que el día lunes se vence el plazo establecido por la Federación de Campesinos”, declaró Quispe en contacto con los medios.

Según explicó, el gobernador de Tarija ya cumplió con su parte del compromiso al solicitar formalmente que la normativa no sea tratada en el Legislativo.

“El gobernador ha cumplido con su parte solicitando que ya no se trate”, recalcó.

No obstante, hasta el momento la Asamblea Legislativa Departamental no ha emitido una respuesta oficial ni ha devuelto el documento al Ejecutivo departamental. Ante esta demora, Quispe fue enfático al advertir que no darán marcha atrás y que, de no atenderse su demanda en el tiempo establecido, iniciarán un bloqueo indefinido de carreteras.

“Nosotros no vamos a dar un pie atrás. Y en caso de que el presidente de la Asamblea no devuelva la ley al gobernador en el transcurso de hoy o hasta el lunes, se iniciará un bloqueo indefinido de carreteras a nivel departamental”, sostuvo.

El sector campesino se mantiene en estado de emergencia, y ya ha comenzado a organizarse en sus centrales y subcentrales para ejecutar las medidas de presión si no hay una respuesta favorable. Argumentan que la Ley de Emergencia Financiera pone en riesgo la autonomía económica de los municipios y del propio Gobierno Departamental, por lo que exigen que sea archivada de forma definitiva.

Este conflicto se suma al ya tenso panorama político y social que atraviesa Tarija, en un contexto de crisis financiera y crecientes disputas por la redistribución de los recursos públicos, que continúan generando fricciones entre autoridades y organizaciones sociales.