Brasil: a menos de 100 días de la COP30 se activa la ‘Ley de la Devastación’ impulsada por el agro

La aprobación de la llamada “Ley de Licenciamiento Ambiental”, considerada por organizaciones sociales y expertos como el mayor retroceso ambiental en más de 40 años, ha desatado un fuerte debate en Brasil. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la norma con 63 vetos, ambientalistas advierten que persisten graves riesgos para la protección de bosques, pueblos indígenas y quilombolas.

Un proyecto cuestionado desde el inicio (H2)

Presentada en 2021, la propuesta buscaba agilizar licencias ambientales mediante simples autodeclaraciones de empresarios, sin estudios técnicos previos. Aunque la excepción se aplicaba solo a proyectos de “alto riesgo ambiental”, especialistas señalaron que la medida debilitaba la capacidad de fiscalización y abría la puerta a la deforestación y explotación de territorios indígenas y quilombolas.

El texto contó con el respaldo del lobby agroindustrial y minero, que presionó para su aprobación en el Congreso.

El “Proyecto de Ley de la Devastación” en el Congreso (H2)

El Senado aprobó el proyecto el 21 de mayo con 54 votos a favor y 13 en contra. Posteriormente, el 17 de julio, la Cámara de Diputados dio luz verde con 267 votos positivos frente a 116 negativos, en una sesión marcada por el rechazo de organizaciones ambientales y la diputada indígena Célia Xakriabá, que denunció que la ley facilita la deforestación.

ONGs como WWF y Observatorio del Clima calificaron la iniciativa como un atentado contra el artículo 225 de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente equilibrado para las generaciones presentes y futuras.

Lula sanciona con vetos: 63 artículos eliminados (H2)

El 8 de agosto, Lula promulgó la norma, pero vetó 63 disposiciones del texto original, entre ellas:

• Eliminación de la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC) para proyectos de mediano riesgo ambiental.

• Prohibición de que Estados y municipios definan sus propias reglas de licenciamiento.

• Preservación de la Ley de la Mata Atlántica, evitando la flexibilización de su régimen de protección.

• Garantía de consulta obligatoria a FUNAI y Fundación Palmares en proyectos que afecten tierras indígenas y quilombolas, incluso no demarcadas.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, aseguró que los vetos equilibran la necesidad de agilizar procesos con la protección ambiental en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad.

Riesgos que persisten pese a los vetos (H2)

No obstante, Lula mantuvo la Licencia Ambiental Especial (LAE), que acelera permisos para proyectos “estratégicos” definidos por el Consejo de Gobierno. Para WWF y Greenpeace Brasil, esto sigue debilitando los mecanismos de prevención ambiental.

El debate ocurre en vísperas de la COP30 en Belém de Pará, lo que sitúa a Brasil en el centro del escrutinio internacional sobre sus compromisos climáticos.

Rio Grande do Sul: un antecedente preocupante (H2)

Ambientalistas recuerdan que el Estado de Rio Grande do Sul aplica desde 2019 una legislación similar, con consecuencias graves. Tras las inundaciones devastadoras de 2024, expertos señalaron que el nuevo Código Ambiental debilitó décadas de avances en protección ecológica.

“El Congreso parece no haber aprendido nada de las tragedias recientes”, advirtió Rafael José Altenhofen, del Comité de la Cuenca del Río Caí.
FUENTE: FRANCE24