Bolivia confirma en La Haya que busca compensaciones, pero no por el 100% del Silala

El jurista estadounidense Rodman Bundy cuestionó “el cinismo de Chile” que increpó supuestos incumplimientos en el cuidado del reservorio de agua. Los recursos hídricos fluyen “libremente” a través de canales hace más 100 años

El equipo jurídico de Bolivia confirmó ayer en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que busca una compensación económica de Chile por el uso de las aguas del Silala. Eso sí, esa demanda no es por el 100% de los recursos hídricos que logran pasar la frontera.

“El concepto de compensación por las entregas de las aguas a Chile no es algo nuevo. En el acuerdo inicial (2009), Chile convino compensar a Bolivia por cualquier agua que se extrajera del territorio de Bolivia”, puntualizó ayer ante la Corte de La Haya el jurista y geólogo estadounidense Rodman Bundy, quien forma parte del grupo de asesores que fue contratado por el país para la defensa legal de estos recursos que están en el sudoeste de Potosí.

En el entendimiento de 2009, que forma parte de las alegaciones de Bolivia en este proceso legal, Chile aceptó, de manera preliminar, pagar una compensación por el 50% del agua, sin perjuicio de que el indicador llegue al 100% en función de estudios científicos compartidos. El acuerdo naufragó por el rechazo de organizaciones potosinas que exigieron una remuneración por la totalidad del recurso, además de una “deuda histórica” endosada desde 1908. 

Sin acuerdos y tras el inicio del proceso internacional por la demanda marítima, Chile pidió en 2016 que la CIJ declare al Silala un “río internacional” de cauce sucesivo y que se reconozca el derecho a usar esas aguas, así como la obligación de Bolivia a preservarlas. Además, reclamó eventuales incumplimientos en los que el país pudo incurrir en el contexto de esta controversia.

Ya en el desarrollo de este proceso legal, Bolivia reconoció que la existencia de un flujo natural de agua que pasa la frontera y precisó que hay otro cauce que permite un trasvase “potencialmente mejorado” por efecto de una “sofisticada” canalización que capta el agua desde el acuífero del Silala. 

Bundy aprovechó estos dos momentos. El primero, vinculado con la aceptación de un pago por parte de Chile y otro, “contradictorio,” marcado con la demanda chilena que exige ‘derechos’ para hacer notar a los 17 jueces de la CIJ que Bolivia “también puede cambiar de parecer en el futuro”.

El jurista reclamó, en ese marco, la necesidad de un acuerdo específico con Chile respecto al aprovechamiento de las aguas del Silala. Anticipó que Bolivia puede usar los recursos de la compensación para preservar el humedal que da vida al flujo de agua, así como la canalización. “Como dice la demanda reconvencional, este acuerdo estaría sujeto a las partes”, remarcó.

“Bolivia declara que tiene derecho a una compensación. Esto incluiría el costo de mantener las canalizaciones si el valor del caudal de superficie potenciado de las canalizaciones continuaría fluyendo a través de la frontera hacia Chile por encima de lo que correspondería a Chile, al tenor del flujo natural de las aguas, cuyo valor, Bolivia utilizaría para ayudar a restaurar los humedales”, afirmó el jurista estadounidense. 

Poco antes de esta postura, el abogado subrayó ante los jueces de que “Chile ha sido libre hasta hoy de utilizar todas las aguas del Silala como quería y Bolivia no ha impedido ni causado el más mínimo perjuicio a esas actividades”.

“Hay un cierto cinismo en las afirmaciones de Chile. Cómo puede Chile acusar a Bolivia de incumplimientos. Su demanda suena a hueco”, remarcó Brundy.

Por su lado, el abogado francés Mathias Forteau expuso los fundamentos legales que tiene el país para desmantelar o no los canales que se construyeron luego de 1908, cuando la Prefectura de Potosí y la empresa ferroviaria The Bolivian-Antofagasta Railway (FCAB) pactaron la provisión de agua para el abastecimiento de las antiguas locomotoras con los que esta compañía operó esa ruta. 

La defensa de Bolivia expuso en la CIJ que el agua del Silala terminó siendo entubada y distribuida a la empresa chilena del cobre Codelco. Los abogados hicieron notar que Chile nunca notificó a Bolivia sobre esos cambios del uso pactado originalmente. La empresa de ferrocarriles cambió sus locomotoras de vapor por las de diésel a finales de los años 60.

La vicecanciller de Chile, Ximena Fuentes, al inicio de la fase oral, dijo que su país no se oponía a la destrucción de los canales y precisó que esas obras civiles no fueron hechas a merced de una inversión con recursos públicos. De ese modo, indicó que Chile no se hacía responsable de los canales y reafirmó su demanda en función de los derechos y obligaciones de la Convención de Naciones Unidas de 1997 de las aguas internacionales para fines distintos a la navegación.

El excanciller chileno Teodoro Ribera, en varios artículos académicos publicados en su país, señaló la necesidad de un acuerdo bilateral para preservar al Silala.