Avanza la privatización de cuatro represas por parte del Gobierno con ingresos proyectados de US$500 millones

Avanza la privatización de cuatro represas por parte del Gobierno con ingresos proyectados de US$500 millones

La administración del presidente Javier Milei oficializó un paso indispensable para avanzar en la reprivatización definitiva y planificada de las represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en Neuquén y Río Negro. A partir de los pliegos de bases y condiciones, el Gobierno abrirá en los próximos días el proceso de licitación nacional e internacional para operarlas por 30 años, con una expectativa de recaudación cercana a US$500 millones.

Así lo calculó el ministro de Economía, Luis Caputo, antes de que se concrete el acuerdo sobre la administración de los recursos hídricos y el canon que recibirán las provincias por la generación de energía de las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Dichas hidroeléctricas representan alrededor del 10% de la producción eléctrica, son de producción limpia y su costo operativo es menor que el de las térmicas que usan combustibles fósiles.

El sector energético espera que este lunes se oficialice el llamado a licitación y se conozcan los pliegos para avanzar en el proceso de concesión de las sociedades hidroeléctricas, que operan en el Río Limay, en Neuquén y Río Negro. Según el Gobierno de la región patagónica norte, “en el acuerdo, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años”.

Se definieron criterios para la distribución de regalías sobre los ingresos por la generación eléctrica y un canon por el uso del agua. A su vez, se determinaron plazos para estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, con compromisos de las concesionarias en información hidrometeorológica y medidas preventivas.

A través del decreto 718/2024, firmado por el presidente Milei, se marcó el inicio formal del proceso luego de que en agosto de 2023 vencieran los plazos de concesión de 30 años. En la gestión anterior, la operación de las represas se prorrogó siete veces mientras se negociaba con las provincias la creación de un ente estatal, y la última prórroga se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que culmine el proceso de licitación.

La venta de represas hidroeléctricas genera críticas sobre soberanía y tarifas de electricidad

La exsubsecretaria de Hidrocarburos y especialista en política energética, Cecilia Garibotti, advirtió que la venta de las represas “implica resignar el control estatal sobre un recurso estratégico” y se realiza “sin un debate público serio” sobre el mejor modelo de gestión. Así, la experta señaló que este proceso genera preocupación, ya que afecta directamente la capacidad del Estado para administrar un recurso y garantizar la estabilidad de los precios de la energía.

Garibotti aseguró que, con la privatización, el Estado pierde la posibilidad de utilizar la energía hidroeléctrica, la más barata del sistema, para moderar el costo de la electricidad en hogares e industrias. “Con operadores privados, el objetivo será maximizar ganancias, lo que probablemente se traduzca en un incremento de tarifas”, sumó, destacando que esta medida podría impactar tanto en los consumidores como en la competitividad de los sectores productivos.

De acuerdo a lo que había detallado días antes la especialista, la fecha prevista para la operación de venta era el 7 de octubre, aunque consideró que “sería raro que se concrete justo antes de las elecciones”. Además, remarcó que la medida se aleja de una planificación responsable de los recursos y señaló que “el decreto que se publicó hace mucho ruido, porque ante el vencimiento de la última prórroga, no quieren salir a decir que no tuvieron avances”.

La ex subsecretaria de Planeamiento Estratégico también había emitido un comunicado calificando la medida como “una entrega ruinosa e inadmisible”. A partir de un texto, recordó que las represas fueron construidas en gran parte por el Estado y privatizadas en 1992, y que el vencimiento de las concesiones en 2023-2024 ofrecía la oportunidad de recuperar su control para la planificación nacional, un aspecto para garantizar un uso estratégico de la energía.

Allí se advirtió que el Gobierno lleva un año y medio intentando su privatización, con marchas y contramarchas, cambiando las reglas para concretar una decisión que implicaría entregar patrimonio nacional y reducir la presencia del Estado en el sector. Desde el Partido Justicialista creen que esta determinación puede afectar la disponibilidad y el costo de la energía, generando un impacto directo sobre hogares, comercios e industrias.

Reducir la participación del Estado en la energía hidroeléctrica, la más barata del sistema, “traerá un incremento en los costos de operación que encarecerá la electricidad para hogares, comercios e industrias” y afectará la competitividad de la economía, limitando la capacidad de planificación y regulación del sector a largo plazo.

FUENTE: PERFIL